La red pública hospitalaria del Cesar atraviesa una de sus situaciones más delicadas de los últimos años. Ocho hospitales del departamento advirtieron que podrían suspender parcialmente la prestación de sus servicios si las EPS no cancelan la cartera pendiente, lo que motivó una reunión extraordinaria encabezada por la gobernadora Elvia Milena Sanjuan Dávila.
Durante la mesa de seguimiento financiero, la número 38 realizada por el Gobierno del Cesar, participaron los gerentes de las Empresas Sociales del Estado (ESE) y el senador Didier Lobo, con el propósito de definir acciones conjuntas para solicitar la intervención urgente del Ministerio de Salud y de la Superintendencia Nacional de Salud.
El principal reclamo de los hospitales es el pago inmediato de la cartera corriente que les adeudan las EPS, recursos que consideran indispensables para garantizar la continuidad de la atención a los pacientes.
La situación más crítica afecta a los hospitales Rosario Pumarejo de López, de Valledupar; Jorge Isaac Rincón, de La Jagua de Ibirico; San Andrés, de Chiriguaná; San Juan Bosco, de Bosconia; Cristian Moreno Pallares, de Curumaní; Lázaro Alfonso Hernández, de San Alberto; Regional José David Padilla Villafañe, de Aguachica, y el Hospital Agustín Codazzi.
Según cifras expuestas durante la reunión, la deuda acumulada con las 28 Empresas Sociales del Estado e IPS del Cesar asciende a 355.969 millones de pesos, con corte a junio de este año. A este panorama se suma el impacto económico generado por la liquidación de varias EPS y la falta de pago de los servicios prestados a población migrante durante 2025, cuyo valor supera los 44.000 millones de pesos.
Además, existe una facturación auditada y certificada por más de 4.100 millones de pesos, correspondiente a servicios ya prestados, cuya financiación aún espera ser asignada por el Ministerio de Salud.
La gobernadora Elvia Milena Sanjuan anunció que el Gobierno del Cesar impulsará dos acciones para presionar una solución: elevar la problemática ante la plenaria del Senado, con el respaldo del senador Didier Lobo, y presentar un documento firmado por los gerentes de hospitales, la bancada parlamentaria del Cesar y la administración departamental para solicitar el acompañamiento de los organismos de control y exigir que las EPS con obligaciones pendientes respondan directamente ante la red hospitalaria.
Durante el encuentro, los gerentes de las ESE manifestaron que la falta de recursos ya compromete el funcionamiento de las instituciones.
Desde el Hospital Regional José David Padilla Villafañe, en Aguachica, su gerente María Teresa Hernández aseguró que las EPS intervenidas representan cerca del 50 % de la cartera de la institución y denunció la ausencia de respuestas por parte de los interventores, situación que pone en riesgo la estabilidad financiera del centro asistencial.
En Bosconia, la gerente del Hospital San Juan Bosco, Ana Sofía Maldonado, señaló que entidades como Asmet Salud, Nueva EPS y Coosalud mantienen importantes obligaciones económicas con el hospital, lo que ha llevado a la institución a operar en números rojos.
Un panorama similar describieron los hospitales Cristian Moreno Pallares, de Curumaní, y Jorge Isaac Rincón Torres, de La Jagua de Ibirico, cuyos directivos hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para garantizar el giro oportuno de los recursos que, según afirmaron, pertenecen por derecho a la red pública del departamento.
El senador Didier Lobo respaldó la gestión adelantada por la Gobernación y aseguró que las EPS ya recibieron recursos anticipados por parte del Estado, pero estos no han llegado a los hospitales. Advirtió que algunas instituciones acumulan hasta siete meses sin recibir pagos, por lo que insistió en la necesidad de que el Gobierno Nacional actúe antes de finalizar su mandato para garantizar el desembolso de las obligaciones pendientes.
La crisis financiera también ha impactado a los trabajadores del sector salud. La gobernadora lamentó que médicos, enfermeras y personal administrativo afronten retrasos en sus pagos debido a la falta de liquidez de los hospitales, situación que amenaza tanto la estabilidad laboral como la continuidad de la atención a miles de usuarios en el Cesar.
